En la Cámara de Senadores se encuentra pendiente de dictaminar una iniciativa de reforma al artículo 8 constitucional. En esta propuesta se establece un plazo de 45 días naturales para que la autoridad dé respuesta al derecho de petición.
Hay que recordar lo que establece el artículo 8 constitucional:
Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.
A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.
Como se observa, el artículo transcrito establece que la respuesta a un derecho de petición se debe hacer en “breve término”, no estableciéndose a cuántos días se refiere dicho término.
Esto provoca que la autoridad se tome demasiado tiempo para dar respuesta a un simple derecho de petición, siendo necesario promover amparo para que se dé la contestación correspondiente.
En este sentido, la iniciativa es buena, aunque se podría disminuir el plazo propuesto, ya que es excesivo, pudiendo establecerse 15 días hábiles o algo por el estilo.
